El Gobierno ha abierto la puerta a que las máquinas tragaperras cuenten con un sistema de identificación del jugador antes de iniciar el juego, como sistema de prevención y control frente a la ludopatía.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, y dirigida al diputado de UPyD, Toni Cantó, sobre el control de las apuestas en máquinas ‘tipo B’ o máquinas tragaperras.
Según denuncia el parlamentario de la formación magenta, dado el aumento de las casas de apuestas y máquinas de ‘tipo B’ que se está produciendo en la geografía española es «importante» analizar las estadísticas existentes relacionadas con el juego patológico.
«Los datos de la Memoria del Juego en España, facilitados por el Ministerio del Interior, muestran para el año 2010, que las cantidades apostadas en las ‘máquinas B’, ascienden a 11.338,69 millones de euros para el total de la geografía española. Los datos señalan que la cantidad perdida por los usuarios de este tipo de máquinas, en el mencionado año, asciende a 3.377,18 millones de euros», detalla el diputado, a falta de conocer los datos de 2011 y 2012.
Es más, precisa que el gasto real, es decir, las pérdidas de los usuarios, ha venido aumentando cada año en el periodo 2007-2010 en casi un 7 por ciento, mientras que las cantidades jugadas por los usuarios han disminuido algo más de un 10 por ciento.
«Estas variaciones se traducen en una mayor ganancia por parte de los proveedores de juegos al, estadísticamente, disminuir la probabilidad de premios por cantidad jugada», agrega.
Con todo ello, aunque el Gobierno insiste en que el juego presencial es competencia de las comunidades autónomas, encontrándose por tanto bajo su regulación, control y supervisión, dice que este tipo de máquinas en la actualidad no presentan medidas de protección hacia los posibles afectados y sería «técnicamente posible» que tuvieran un mecanismo de comprobación de la identidad del jugador antes de admitirle al juego.
De este modo, defiende que se podría comprobar que el mismo es mayor de edad, y que no está inscrito en el Registro general de Interdicciones de Acceso al Juego, o en cualquiera de los Registros análogos de las comunidades autónomas.
«Son los organismos reguladores del Juego de las comunidades autónomas los competentes para adoptar tal decisión», insiste el Gobierno.
Al mismo tiempo, asegura que la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conjuntamente con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras adicciones, ha lanzado la iniciativa de juego responsable, la cual tiene como objetivo el diseño y establecimiento de una estrategia sectorial conjunta de juego responsable, dirigida a paliar los riesgos que el juego puede entrañar para determinados colectivos sociales, como menores o personas con trastornos.
Fuente: europapress.es
